La aprobación del nuevo decreto de asistencia sanitaria integral en Les Corts implanta las ocho macroáreas o agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI), pero también habilita un concurso para cubrir aproximadamente 75 plazas de difícil cobertura en los departamentos de salud de Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela y Torrevieja, así como en las zonas básicas de salud de Ademuz, Chelva y Titaguas; unos puestos de trabajo que recibirán una compensación económica de hasta 10.000 euros dependiendo de la categoría profesional, según se desprende del documento de estimación de coste del proyecto.
La habilitación de estas más de 70 plazas tendrá un coste estimado de 727.920 euros anuales. En concreto, el decreto establecerá cerca de 60 puestos de difícil cobertura en la categoría de A1, a la que pertenecen los médicos y especialistas. Según el artículo 7 del nuevo decreto, la cantidad de retribución complementaria de 10.000 euros anuales por facultativo, por lo que la importación total ascendería a 600.000 euros, ya que la memoria indica que no habrá un incremento del coste de la seguridad social, puesto que estas plazas superan la base máxima de cotización.
Además, el nuevo contexto prevé la habilitación de 15 plazas de difícil cobertura en la categoría de A2 -puestos de enfermería especialista-, cuyo complemento retributivo se establece en 6.500 euros anuales. En este caso, al contar con un coste adicional en la seguridad social, la suma total para los puestos de esta categoría sería de 127.920 euros adicionales al año.
El nuevo decreto deroga el programa de alianzas estratégicas impulsado por el gobierno del Botànic en el Decreto 6/2023, con el que se cubrían de forma temporal algunas de las plazas que ahora pasan a ser de difícil cobertura. El informe económico prevé que el “ahorro” del nuevo decreto – “un recorte” para los sindicatos- será de 2.536.269 euros, aunque la disminución final será de 1,8 millones de euros. teniendo en cuenta los 727.920 euros de coste de los incentivos para estas 75 plazas de difícil cobertura.
Durante el debate parlamentario, Marciano Gómez defendió que el decreto “es un punto de partida porque la situación es cambiante” y, además, explicó que esta denominación de plazas de difícil cobertura podría extenderse a otros departamentos “si los datos objetivos lo justifican”.
Esta medida tiene por objetivo combatir la falta de especialistas médicos y de enfermería en hospitales periféricos con mayor dificultad para cubrir las plazas a través de una compensación económica; muchas de ellas están, en la actualidad, desiertas.
La medida salió adelante con los votos de PP y Vox, los socios de gobierno, y el rechazo por parte de la oposición, principalmente, por la falta de negociación con los representantes sindicales. El diputado del PSPV Rafa Simó califica esto de “error imperdonable” y auguró una “fuga de profesionales”, aunque reconoció que “la idea de las macroáreas puede ser buena”. Por su parte, Carles Esteve de Compromís criticó “la falta de escucha” a los sindicatos ante un cambio “en las condiciones laborales de los sanitarios”, ya que la nueva medida aumentará la movilidad del personal, que podría trasladarse durante un máximo de 90 días a otro centro de la misma área asistencial.
Sobre este mismo punto, la falta de negociación ha puesto el foco la Abogacía de la Generalitat Valenciana en su expediente sobre el nuevo decreto. El organismo afirma que “sería aconsejable” aclarar si la movilidad del personal “tiene o no carácter voluntario” y, además, que el proceso “debería arbitrarse una intervención de la representación de los trabajadores más intensa de una mera comunicación a la junta de personal”.
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