Bar

Los bares y colmados en pueblos pequeños son mucho más que un lugar al que ir a tomar algo o a comprar el pan. Son un punto de encuentro y desempeñan una función de centro social que no está retribuida ni les permite hacer frente a las dificultades económicas debido a la baja rentabilidad de estos establecimientos. Pero, ayer, esto cambió cuando el pleno del Congreso acordó por amplia mayoría tramitar la proposición de ley que considera entidades de economía social a los bares, restaurantes y pequeños comercios que prestan sus servicios en municipios de menos de 200 habitantes.

La norma fue propuesta por la plataforma Teruel Existe, que desde hace tiempo viene defendiendo los intereses de aquellos pequeños negocios de los pueblos. Con 303 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones, la Cámara Baja aceptaba equiparar estos establecimientos con cooperativas, mutualidades, fundaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores o sociedades agrarias.

Por su labor social

Con la consideración de entidades de economía social, los bares y establecimientos en municipios (incluidos los puestos de venta ambulante) de no más de 200 habitantes podrán beneficiarse de los incentivos y ayudas que tienen reconocidos este tipo de organizaciones. Al ser incluidas en este grupo, tendrían facilidades como simplificación de trámites administrativos relacionados con su actividad o bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social si contratan personas desempleadas.

Teruel Existe ha defendido en varias ocasiones que los servicios básicos que se prestan de manera privada están desapareciendo en la España vaciada. Asimismo, muchos municipios que no alcanzan un mínimo de habitantes no tienen o ven peligrar la supervivencia de su bar y comercio de alimentación. Estos lugares actúan como centro social de convivencia y encuentro entre la gente del municipio, dado que no existen otros servicios de ocio, cultura o restauración.

Esta situación afecta a la vida diaria de muchísimos ciudadanos, especialmente de aquellas personas mayores que habitan en estos lugares menos poblados. Y, por eso, los pequeños negocios son fundamentales aquí, porque fomentan las relaciones sociales. Sin embargo, en lugares tan pequeños, a duras penas pueden seguir la lógica de la rentabilidad o el mercado, algo que dificulta que mantengan la persiana levantada.

La norma incide en la importancia de estos servicios para luchar contra la despoblación, dado que hay estudios académicos que sostienen que en aquellos municipios donde se cierra un bar o una pequeña tienda, sus vecinos abandonan el lugar mucho más rápido que donde se mantienen abiertos. «Investigaciones indican que estos establecimientos fomentan la cohesión comunitaria y el desarrollo económico. Por contra, está socialmente aceptado que un pueblo está sentenciado cuando cierran», dice la propuesta de ley.

Se incluirán en la norma

Según la ley de Economía Social de 2011, se considera entidades de este tipo a aquellas que buscan «la primacía de las personas y del fin social sobre el capital», que promocionan la «solidaridad interna» y el «desarrollo local», o que procuran «la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad».

Este marco legal pide a las administraciones cosas como eliminar «obstáculos que impidan el inicio y desarrollo» de su actividad, «simplificación de trámites administrativos» o que sus propietarios tengan bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contratar a personas desempleadas. Una pequeña ayuda que, a partir de ahora, va a servir para que el bar del pueblo o el colmado continúen siento un lugar de encuentro en el que juntarse con vecinos y amigos.