“Renovables sí, pero no así”. El lema ha proliferado en los últimos meses en concentraciones en los entornos rurales y en las ciudades. La apuesta por la descarbonización es ampliamente compartida por partidos políticos y sectores sociales, salvo por las posiciones de extrema derecha y de un reducido sector de negacionistas del cambio climático, pero el modelo de implantación de renovables de forma masiva está generando numerosos conflictos territoriales. El marco, acelerado en España por los fondos europeos impulsados tras la pandemia y avivado con la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania, ha derivado en una paradoja: ecologistas manifestándose contra medidas para paliar el cambio climático.
En los últimos meses han proliferado las plataformas de rechazo a las macroplantas fotovoltaicas y parques eólicos, que se concentran semanalmente en algunos puntos del interior y queElec han levantado protestas en algunas ciudades. El activismo contra el cambio climático convive con un activismo contra proyectos de gran calado, que esconde una gran complejidad en su casuística. Las agrupaciones que rechazan el modelo que impulsa el Gobierno central, consideran las instalaciones un ataque al territorio, tanto desde su valor paisajístico como cultural, pese a que algunos cuenten con informes favorables de impacto ambiental.
Para abordar la transición ecológica y el cambio de modelo, los expertos coinciden en que la transición energética a través de la tecnología solar fotovoltaica es la más rápida. Permite también un modelo más democrático y participativo y en España, por su orografía y las horas anuales de sol, es una energía más aprovechable. El impacto ambiental es menor que el de otras tecnologías, es necesaria para cerrar las centrales nucleares y contribuiría a la reducción de la dependencia exterior, pero, por mucho empeño que pongan los expertos, el mensaje positivo no siempre cala.
Entre quienes se oponen a los macroproyectos que cuentan con evaluaciones ambientales favorables hay variedad de grupos. En el marco de los ecologistas se encuentran algunas posiciones anticapitalistas, que consideran los desarrollos masivos de renovables como un negocio más de grandes empresas que se están reconvirtiendo, o los decrecentistas -a menudo vinculados con los colapsistas en términos peyorativos, en referencia a una vertiente que augura un colapso económico fruto del crecimiento excesivo del sistema- que consideran que la respuesta al cambio climático es una reducción del consumo y la producción y ven en la transición energética un cambio superficial, no de fondo. A estas posturas se suma el rechazo de una capa de población desde posturas identitarias, a menudo vinculada con los municipios de interior donde se proyectan estas plantas. Incluso en algunos casos se ha llegado a contraponer el modelo energético con la soberanía alimentaria, pese a que España tiene un modelo exportador, a que aumentan las tierras abandonadas y a que gran parte del territorio agrícola va destinado a los cultivos industriales, vid, olivo y alimentación para ganado.
