El fiscal coordinador de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher, ha enviado un oficio a la red de fiscales delegados para pedirles que incrementen la vigilancia y adopten medidas para conseguir que los ayuntamientos desarrollen medidas de prevención de incendios.
Para la Fiscalía, la prevención de incendios es una prioridad y por ello reclama un mayor «compromiso» de todas las autoridades de cara a evitar que los siniestros sigan batiendo récords, como ya ocurrió en 2022.
De esta forma, los fiscales vigilarán a los ayuntamientos en cuyo término municipal haya superficie forestal y requerirán a los consistorios que dispongan de los planes de prevención pertinentes, así como la elaboración de trabajos de control destinados a impedir prácticas ilegales de riesgo como la quema de rastrojos, entre otras.
En la nota distribuida este lunes a la red de fiscales, se recuerda que se debe indicar a todas las entidades locales, incluidos propietarios y empresas titulares de vertederos, líneas eléctricas o campings situados en zonas de alto riesgo, que deben disponer de medidas de prevención de incendios.
En su oficio, Vercher explica que el año 2022 fue catastrófico, con cifras de hectáreas calcinadas que triplicaron los registros de la media de la última década. Tanto es así que, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el año pasado 267.939 hectáreas se vieron afectadas por el fuego, frente a las 94.249 hectáreas que, de media, ardieron en los últimos diez años. Además, el número de grandes siniestros –aquellos que abarcan más de 500 hectáreas– fue 57, frente a los 21 de promedio de la década.
En lo que va de 2023 ya se han calcinado 41.000 hectáreas, con 2.408 siniestros. Todo ello sin que haya comenzado todavía el verano y los meses que concentran mayores riesgos por altas temperaturas y escasez de lluvias.
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