El pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad una moción que denuncia la parálisis del proyecto, aprobado hace más de una década
El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado por unanimidad una propuesta presentada por el grupo Popular para exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la licitación e implantación urgente del plan de emergencia de la presa del Arquillo, situada en el barrio de San Blas.
La moción ha sido respaldada por todos los grupos de la oposición —Teruel Existe, PSOE y VOX— en un gesto de unidad frente a lo que consideran una inacción prolongada del Gobierno central, pese a que se trata de una infraestructura clasificada como de riesgo alto (categoría A), por su capacidad para afectar gravemente a núcleos urbanos, bienes esenciales y el entorno en caso de fallo.
Casi una década sin avances
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha recordado que el plan de emergencia fue aprobado en 2010 y que en 2011 se autorizó la redacción del proyecto con una inversión de 500.000 euros. En 2016, se aprobó un pliego conjunto para las presas de San Blas, Benagéber y Loriguilla por 100.000 euros. Desde entonces, no se ha producido licitación alguna para la ejecución del plan en la presa turolense.
Mientras tanto, la CHJ sí ha licitado recientemente la asistencia técnica para actualizar el plan de la presa de Loriguilla, algo que la alcaldesa ha considerado un agravio comparativo para Teruel. “Es un plazo extraordinariamente largo que demuestra la exasperante inacción por parte del Gobierno de España”, ha señalado Buj.
Prevención antes que lamentos
La moción insiste en que, aunque la rotura de una presa es un fenómeno muy poco probable, sus consecuencias pueden ser catastróficas, por lo que es imprescindible implantar cuanto antes las medidas preventivas recogidas en los planes de emergencia.
“El riesgo cero no existe”, ha afirmado la alcaldesa, que ha subrayado la obligación institucional de actuar con responsabilidad y previsión, especialmente tratándose de una infraestructura construida en 1962, con una altura de 54 metros, una capacidad de 21 hectómetros cúbicos y 83 hectáreas de superficie.
El pleno ya acordó en 2022 instar al Gobierno central a dotar de presupuesto al proyecto, pero nada se ha avanzado desde entonces. La moción del grupo Popular reaviva ahora esta exigencia, con el respaldo unánime del consistorio.
